Purga histórica

La reciente purga de 27 oficiales del Ejército colombiano, entre ellos tres generales y siete coroneles, es la más grande en la historia por derechos humanos y se suma a la destitución, el pasado viernes, de otros tres coroneles. La drástica medida revela la acumulación de graves problemas de fondo en las Fuerzas Armadas, producto de una vieja mentalidad del "todo vale", que ha hecho carrera entre los militares en su prolongada lucha contra la guerrilla.

El detonante inmediato fue el escándalo en torno a los jóvenes que desaparecieron en Soacha, aparentemente reclutados por un grupo ilegal, y aparecieron como "bajas en combate" en Ocaña.

Para la Fiscalía, los indicios apuntaban a otro caso de falsos positivos. Que no es, de lejos, el primero. Denuncias como el del espeluznante caso, reseñado en la revista Semana, del soldado cuyo hermano "muerto en combate" resultó ser un falso positivo, se cuentan por docenas en la Procuraduría, la Fiscalía, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y ONG. Solo en la Fiscalía, desde el 2003 cursan más de 700 investigaciones por "ejecuciones extrajudiciales". Hay no pocos casos en que discapacitados mentales aparecen como 'bajas'.

Todo apunta a la existencia, durante varios años, de un siniestro mercado negro de seres humanos para engordar el 'body count' de ciertas brigadas del Ejército. Esto rememora la pérfida filosofía de ese nombre, heredada del ejército de Estados Unidos, que contribuyó a su derrota en Vietnam y a echarse en contra la población survietnamita. Pero, en una guerra irregular como la colombiana, reviste ribetes aún más macabros, pues, como lo planteó el propio Presidente, habría una complicidad entre grupos delictivos y militares para buscar a esas víctimas inocentes y engrosar los partes de guerra.

La dura reacción del Presidente, el Ministro de Defensa y el comandante general de las FF. AA. refleja la gravedad del problema y, por fin, la voluntad de corregirlo de verdad. Que es ahora o nunca: después de los excesos revelados, no hay lugar a más dilaciones o advertencias. Con semejantes métodos, jamás se ganará de verdad una guerra, pues la fuerza armada que representa la legitimidad y la decencia no puede parecerse en atrocidades al enemigo que combate.

Estos falsos positivos deslegitiman al Ejército, sobre todo cuando los casos son tantos como para seguir con la tesis de las 'manzanas podridas'. Por eso es vital no parar aquí y extirpar de raíz un mal ligado a una arraigada cultura militar, según la cual hay que producir bajas no importa cómo. Parte de la misma son los incentivos perversos, diseñados al más alto nivel, que premian los 'positivos' con permisos y medallas. Es necesario encontrarle otros alicientes a la moral combativa de la tropa, so pena de continuar con el problema.

Aún está pendiente el pronunciamiento final de la justicia, pero los indicios son tan serios, que produjeron la reacción del Presidente. Que esto suceda justo durante la visita de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y un día después de un duro informe de Amnistía Internacional es una coincidencia desafortunada para el Gobierno y lesiva para la imagen del país. Solo cabe esperar que este remezón lleve a cambios en la política de seguridad democrática. Su éxito, como la han dicho el mismo Ministro de Defensa y el general Padilla, dependerá más del control territorial, el número de desmovilizados y la confianza de la gente, que del número de muertos que produzca. Eliminar los incentivos perversos para los militares es solo el primer paso. La lucha por los 'corazones y las mentes' de la población, clave en una guerra irregular, solo será exitosa sobre la base de un real respeto a los derechos humanos.