El precio del silencio

Un completo informe investigativo sobre cómo se distribuye la publicidad oficial y cómo esto influye en la libertad de información en varios países de América Latina, entre ellos Colombia, revela varias prácticas que terminan imponiendo una censura indirecta sobre medios y periodistas.

Entre la espada y la pared están muchos medios que dependen en gran medida de la pauta oficial para sostener su trabajo. La dependencia excesiva de la publicidad que ponen los gobiernos nacionales o locales limita gravemente su libertad y sesga los contenidos, según revela el informe “El precio del silencio: abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en America Latina".

El libro fue publicado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el Open Society Institute, que hicieron la investigación en llave con diversas organizaciones de prensa en América Latina. En Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) investigó el gasto nacional en publicidad oficial y, mediante derechos de petición y en algunos casos, tutelas, detalló algunos casos regionales en Barranquilla, Cartagena y Cauca, entre otros. El informe presenta además los casos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Uruguay y Honduras.

“Cuando los medios dependen del dinero de la publicidad oficial, éste se vuelve una forma de castigo contra quienes son críticos del gobierno, pero también una forma de premio a quienes son amigos y no critican”, dijo Roberto Saba de ADC, coordinador del informe quien resaltó que cada vez son menos los casos en los que un gobierno prohíbe de forma directa un contenido. En Colombia, los medios regionales, son las primeras víctimas de esta práctica, que aunque es pan de cada día para los administradores de los medios, suele pasar inadvertida entre el público que espera de la prensa un riguroso trabajo fiscalizador. En muchos casos, la pauta oficial representa más de la mitad de los ingresos de algunos medios locales. Los medios grandes y nacionales, no escapan a este tipo de métodos de presión y censura indirecta. Sin embargo al tener muchas y más diversas fuentes de pauta, el efecto sobre el contenido es a veces marginal. “El contenido editorial influye, a veces en contra, a veces a favor. Si el medio es crítico o da una opinión, en la parte comercial eso puede determinar que las entidades están contentas o molestas... Los funcionarios dicen que no van a pautar porque ‘el periódico acaba de divulgar una información que no es muy contundente’.

Te piden que les dejes un lapso para que “baje” la información y recién empiezan a pautar”, según cita el informe a Ana María Varón, encargada de la publicidad en el Grupo Latino de Publicidad, que vende pauta en grandes medios nacionales. “Si sacas una información que no le gustó al secretario tal, te quietan la pauta de tu programa”, dijo al Precio del Silencio un periodista y ex funcionario del departamento de Bolivar. Un ejemplo claro de esto, lo relata en el informe el periodista de radio y TV, Jairo Baena, quien asegura que la concesión privada de servicios públicos de Cartagena, Aguas de Cartagena, le quitó la pauta oficial (y no le pagó la que debía) después de que él publicara los sueldos de los altos ejecutivos y criticara el manejo de la empresa. La investigación describe cómo el sistema de cupos de publicidad, por el cual se les pagan a los periodistas ingresos muy bajos o ningún dinero y se les pide que consigan el resto de su sueldo a punta de vender publicidad, hcen al periodista presa fácil de un sistema perverso. El periodista así tiene que conseguir la pauta de las mismas personas de quienes tiene que informar, y le será muy difícil mantener alguna independencia.

También las entidades oficiales tienden a castigar o no dar pauta a los medios que los critican, y premiar a quienes los alaban o muestran una línea editorial más condescendiente. “Hoy en día tengo un sueldo que me alcanza para los chicles. La otra parte me la completan con cupos publicitarios que yo tengo que vender. Siempre ha sido así, desde que empecé en la radio”, dijo Mabel Morales, directora de noticias de Radio RCN en Barranquilla durante los últimos 21 años. En Colombia, el informe revisó la publicidad que reciben los cuatro medios impresos diarios nacionales más grandes del país y encontró serias disparidades. En un muestreo aleatorio se encontró por ejemplo que el diario económico La República recibió mayor publicidad del gobierno que cualquier otro diario, pese a ser el cuarto en número de lectores (22.000). Durante once semanas tomadas al azar entre 2005, 2006 y 2007, La República recibió cuatro veces más publicidad oficial que El Tiempo, el diario de mayor circulación en el país. “Esto no quiere decir que la publicidad esté determinando el contenido, pero sí es un llamado de atención sobre esta práctica”, dijo Saba.

Jorge Emilio Sierra, director de La República, dijo que el área comercial del periódico está separada de las decisiones editoriales y señaló que gran parte de los anuncios del gobierno que aparecen en su periódico son invitaciones a participar en licitaciones públicas, dado que una porción importante de sus lectores son empresarios. Algunas regulaciones intentan crear pautas de comportamiento para evitar abusos, aunque no siempre son tan efectivas. Por ejemplo, en Colombia durante los cuatro meses que anteceden elecciones presidenciales, no se permite incrementar los gastos en publicidad oficial, para evitar actos de campaña. Sin embargo, señala el informe, no es inusual que funcionarios locales, hagan propaganda de sus logros individuales. Por ejemplo el 13 de mayo de 2007, la gobernación del Cesar publicó un aviso de página entera en El Tiempo, con fotos del gobernador Hernando Molina, en una de ellas repartiendo zapatos nuevos a los niños. Cuatro días después, fue arrestado por supuestas conexiones con grupos paramilitares. En términos generales el informe propone atacar dos situaciones que contribuyen a que la pauta publicitaria oficial termine imponiendo una censura indirecta.

La primera tiene que ver con el alto grado de discrecionalidad del funcionario que reparte la pauta. Casi en ningún país estudiado, existen normas explícitas que le digan cómo se debe entregar esa pauta para el mayor beneficio del público. Si las tuviera le sería menos fácil escoger a dedo amigos o enemigos para darles o quitarles pauta. La segunda es la opacidad, o falta de transparecia en cómo se distribuye esa pauta oficial.

Si cada entidad pública que compra paúta en los medios, tuviera que hacer público en una página virtual, por ejemplo, a quién le dio qué publicidad y cuánto pagó, también le sería más difícil ser arbitrario a la hora de contratar esa pauta.