Colombia: Gravemente Amenazada por la Dictadura de los Jueces, con la Complicidad de algunos Medios de Comunicación

Colombia, desde hace mucho el más democrático de los países de América Latina, se convierte en una dictadura bajo los excesos de su régimen, “el peor exceptuando a todos los demás”, como solía decir Winston Churchill. No me refiero al presidente Álvaro Uribe, sino a la tiranía de los jueces, quienes, a menos de un año de las elecciones presidenciales, están tratando de cortar la delgada rama sobre la que están cómodamente sentados.

Esa deriva hacia un despotismo que se cubre de togas y armiños, nunca denunciado por una prensa cómplice, quedó una vez más expuesta con la reciente iniciativa tomada por Gustavo Moncayo, el “caminante de la paz”. Moncayo recorrió a pie más de mil kilómetros de la geografía de Colombia para sensibilizar al público sobre el drama de su hijo, el cabo Pablo Emilio, rehén de las FARC desde hace 12 años (doce, leyeron bien). El padre de ese mártir en manos de los terroristas, quienes tiene como rehenes a otras 700 víctimas, creyó hacer bien al entablar una acción de tutela en Bogotá para exigir que la justicia obligue al jefe de Estado a aceptar las condiciones de la guerrilla sanguinaria para liberar a su muchacho. El dolor de un hombre no puede disculparlo todo. Empero, para su descarga, Gustavo Moncayo se infiltra en la corriente actual, el de la dictadura de los jueces.

¡Imaginemos por un momento que en Europa, una familia de rehenes secuestrados por los piratas frente a las costas de Somalia entabla un recurso en París para exigirle a Nicolas Sarkozy que acepte pagar el rescate exigido por los criminales! A ese ritmo, en Colombia, el gobierno pasaría a manos de los jueces, si no lo está ya, y éstos tomarían las decisiones políticas en lugar del Ejecutivo, en un acto de alucinante menosprecio de la separación de poderes, base de la democracia y por supuesto, de indebido e ilegal coogobierno.

El país andino vive aplastado bajo el peso de las administraciones judiciales: a la Fiscalía (ministerio público), es necesario añadirle el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. Todos esos organismos están metidos en política, en detrimento de su papel respectivo. Imagine usted a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos pidiendo la detención de un diputado norteamericano por sus vínculos con un grupo terrorista! Podría hacerlo con el representante demócrata Jim MacGovern, cuyos vínculos con las FARC fueron demostrados por los contenidos de los computadores de Raúl Reyes. ¡Pero si esa Corte se atreviera a hacer eso, los medios de comunicación le caerían encima con todos los fierros! El papel de una Corte Suprema de Justicia es verificar en última instancia las decisiones de la justicia, y no provocarlas, incluso para obtener la gracia a un condenado a muerte (en Colombia la pena capital no existe).

El mes pasado, el Consejo de Estado colombiano tomó una increíble decisión. Prohibió el envío al combate contra los narcoterroristas guerrilleros a los 128.000 soldados llamados al servicio militar, diciendo que eso se debe reservar únicamente, según su sentencia, a los 85.000 militares profesionales. ¡Este mismo Consejo de Estado llegó a ordenar que el Estado pague 200.000 euros de indemnización a un recluta, Wilson Guzmán Bocanegra, porque él había sido herido en 1994 por la guerrilla! ¡Imagínese la deuda que tendrían que pagar los paises del mundo por todos los reclutas muertos o heridos en combate en las guerras recientes!

La Corte Constitucional de Colombia está integrada por jueces que toman decisiones demagógicas que les facilitan ser elegidos después, cuando salen de esa institución para meterse a la política. Los ejemplos pululan. El primero de ellos es el senador Carlos Gaviria, quien después de haber salido de la Corte Constitucional fue candidato a la Presidencia en 2006 por el Polo Democrático (izquierda marxista). Hay otros dos casos de ex magistrados. Alejandro Martínez estuvo en el Concejo municipal de Bogotá y José Gregorio Hernández se presentó como candidato a la vicepresidencia de la República en la lista (perdedora) de Horacio Serpa, el ex Ministro de Interior del presidente Ernesto Samper, quien fue elegido en 1994 con apoyo financiero del cartel de Cali, y actualmente en decadencia politica y senil, como ineficiente e incapáz Gobernador de Santander.

¿Y qué decir de la Corte Suprema de Justicia? Todo ha sido dicho en los medios de comunicación, honestos y valientes de nuestro pais (aún quedamos algunos) sobre la complicidad con los enlaces de las FARC en las altas esferas de la justicia colombiana. Esa Corte persigue a los supuestos amigos de los paramilitares. Los hace capturar generalmente sin prueba alguna. Sin embargo, en ningún momento ha tomado la menor medida contra Piedad Córdoba, la senadora que se ha convertido en el enlace de la guerrilla para imponerle al gobierno las exigencias de las FARC, incluso en la entrega a la señora madre del Mayor Julián Ernesto Guevara, de el cadáver de ese militar, quien murió de hambre cuando estaba en poder de los narcoterroristas como rehén. Eso ocurrió en 2006 y sus restos aún no han sido entregados a su familia.

Las últimas noticias dicen, que se abrió una investigación sobre las escuchas telefónicas realizadas por el DAS (un servicio secreto) a algunos políticos, jueces y periodistas. ¡En una nación en lucha contra el terrorismo, cómo evitar esas escuchas, admitidas en todos los países que tienen dificultades en materia de seguridad! En Francia, François Mitterrand hizo espiar a más de 2000 políticos, jueces, actores y periodistas radicales entre 1981 y 1986. ¿Fue juzgado por eso? Queridos colegas...NO.....ni siquiera sus esbirros, pagaron un sólo día de prisión o castigo.